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Justicia igualitaria

A estas alturas ya somos plenamente conscientes de que no existe ningún país, región, ciudad en el mundo en  el que no se produzca manifestación alguna de violencia machista. El problema es endémico y supone la vulneración más flagrante, impune y oculta de los derechos humanos. Y ahí se han afanado los estados más modernos de Europa para legislar. España no se quedó atrás y fue de los primeros en aprobar, en el 2004, una ley orgánica de medidas  de protección integral contra la violencia de género. Y entonces sí, nos creímos el estado ejemplarizante y moderno que no somos.

Afortunadamente tenemos ésta y otras leyes encaminadas a la erradicación de la peor forma de discriminación y desigualdad. Al igual que muchos otros países “tan europeos, ejemplarizantes y modernos” como el nuestro. Ciertamente, en la legislación se ha visto un gran avance al respecto. Pero su traducción en el plano de lo real y efectivo no acaba de llegar. No, al menos, en la medida en que es necesario que llegue.

Por otra parte, la superación de esta gran barrera de desigualdad no exige únicamente cambios legislativos. Aunque son preceptivos y necesarios, sólo son la antesala para una posterior correcta aplicación de medidas y medios que conduzcan a su efectividad. Pero ésta no acaba de llegar. O tal vez sí, aunque muy despacio. Tanto que, en ocasiones, parece que vayamos hacia atrás.

Sin embargo, no neguemos aquellos avances que “el mundo avanzado” – valga la redundancia – va consolidando. Y sin hacerlo, quitémonos los complejos eurocentristas que no nos dejan ver más allá y enfoquemos hacía otra parte del mundo. Por ejemplo, a Mozambique ¿Por qué Mozambique? Pues porque este país también tiene una ley tan avanzada como la nuestra en materia de lucha contra la violencia machista, por ejemplo. En su caso fue aprobada cinco años después. O el caso de Nicaragua que, en 2014, aprobó su ley integral contra la violencia hacia las mujeres.

Estos son, únicamente, dos exponentes de tantos otros países en los que se aprueban este tipo de leyes tan necesarias, como en ocasiones insuficientes por sí mismas. Afortunadamente, en estos y otros tantos casos, el trabajo de la cooperación internacional, junto con el desarrollo de voluntariados locales, está haciendo posible que se apliquen algunas medidas, también muy similares a las nuestras. Tales como la implantación de grupos de apoyo especializados e integrales para ofrecer ayuda a mujeres y niñas víctimas de violencias machistas, talleres de formación y empoderamiento a mujeres, así como, talleres de reeducación para hombres, centros de acogida y atención, trabajo de sensibilización y prevención en centros educativos, en centros médicos, centros de acogida y refugio para víctimas.

Todo esto en estos y otros estados. También en el nuestro. Así pues, por lo general, se van dando las condiciones para seguir avanzando en la dirección acertada, aunque, eso sí, muy poco a poco y no sin algunos obstáculos difíciles de salvar. Sin duda alguna, el principal, aquí y allí, se produce cuando el instrumento de la justicia se pone a funcionar y, no funciona todo lo bien que debiera, porque nunca lo hace bajo el prisma de la igualdad. Por desgracia, el patriarcado es más universal que la justicia en sí misma. Y la justicia patriarcal permanece en todos lados por igual.

Mientras que así sea, el principio de igualdad seguirá siendo meramente formal. Mientras siga siendo así, no se revolverán las estructuras y las relaciones de poder sobre las que se sustenta nuestra sociedad. Mientras que así siga, el derecho actual no será igual para nadie. La igualdad real y efectiva no podrá ser si no se aplica una justicia igualitaria.

Por ello, es de vital importancia que se instruya al poder judicial en materia de violencia machista y que esta formación lleve aparejada la modificación de la ley de dicho poder. Además, ésta es una de las medidas que se incluyen en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y Machista es fundamental, pues sólo si, en este caso la administración de justicia, trabaja con los criterios de igualdad entre mujeres y hombres para interpretar esta violencia, podrá emitir pronunciamientos realmente justos. Entonces, denunciar sí será útil, seguro y eficaz.

Así pues, y si nada cambia, parece que en breve se debatirá en el pleno del Congreso esta proposición de ley. Si todo marcha bien, contaremos con una nueva norma que necesitará de medidas y recursos para que su aplicación sea efectiva. Seguramente, esta solución no sea definitiva, pero se estará dando un paso más. Al menos en nuestro país. Tal vez, dentro de poco también pueda suceder lo mismo en otros estados. Ahora toca trabajar en esa dirección, pues la justicia no sólo ha de ser universal, también ha de ser igualitaria. Sólo así será realmente justa.

 

Por Lourdes Pastor @Lulespastor 

 

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