Ser víctima de violencia machista es un drama terrible que condiciona toda la existencia de la mujer que la sufre y de los hijos que tenga. Un maltratador está presente en todos los ámbitos de la vida y sus actos violentos, tanto físicos como emocionales, menoscaban cualquier intento de una mujer por salir adelante. El control férreo, las amenazas y el miedo dominan la vida de la familia de un hombre que decide todo por ellos y marca los ritmos de la vida, perdiendo ésta la naturalidad propia de la condición humana.
Si éste hecho resulta insoportable siempre, cuando se produce en un ambiente rural, con pocos medios al alcance más cercano, convierte esta situación en una trampa de la que es muy difícil escapar.
Uno de los condicionantes más importantes de las víctimas de violencia machista es la independencia económica. Muchas mujeres, por desgracia, no disponen de recursos materiales para enfrentarse a una vida sin su maltratador. Comparten con él negocios (agrícolas y ganaderos) ejerciendo siempre una doble función, por un lado, trabajan en el negocio familiar y sobre llevan la carga doméstica y el cuidado de los hijos. Pero casi en la mayoría de los casos, estás mujeres no cotizan en la Seguridad Social como trabajadoras, ya que los negocios se encuentran a nombre de sus maridos y, por tanto, en caso de separación, han de esperar a la concesión de las pensiones compensatorias.
Esta falta de recursos e independencia económica provoca que, si deciden abandonar a su marido, no disponen de soluciones habitacionales o tienen que seguir en la misma población que su maltratador, lo que provoca que la relación no tenga distancia física y ellas se colocan en una posición muy vulnerable. Las soluciones públicas para estas mujeres y sus hijos, exigen a veces requisitos para las ayudas o los pisos provisionales, que ellas no cumplen, como disponer de vivienda propia o en usufructo.
Vivir en poblaciones pequeñas donde todo el mundo se conoce, aunque pudiera pensarse que es una ayuda para la víctima, en muchas ocasiones, es un estigma que puede influir mucho en la decisión de la mujer a interponer denuncias. Sentirse señaladas, observadas y juzgadas por sus convecinos, que mantienen tratos con su maltratador y pueden estar incluso influenciados por estos lazos, otorgándole a la víctima un papel que no solo no le corresponde si no que la juzga como mala mujer y mala persona que de forma premeditada está arruinando la vida de un hombre bueno que “a veces” pierde los nervios.
Todas estas razones unidas a que todavía en muchos pueblos de España, sobre todo los más pequeños y con menos habitantes, mantienen una socialización muy machista y conservadora tanto en hombres como en mujeres, provoca que la víctima de maltrato, aguante una situación insostenible durante largos periodos de tiempo (hay estudios que hablan de más de 20 años). Y el pasado año 2022, el 34,21% de las mujeres asesinadas vivían en áreas rurales.
Cuando una mujer denuncia a su marido por violencia machista, sufre un proceso de revictimización muy largo. Desde la llegada al cuartel de la Guardia Civil donde en la mayoría de los casos hay agentes especializados en VioGen, hasta que puede salir de allí con una solución a su problema, pueden pasar horas. Durante ese tiempo, la víctima se enfrenta a los agentes, al juez, al forense si hay lesiones, etc. Esa situación mina la decisión que la víctima ha tomado, que lleva prendida con alfileres y por desgracia, muchas de ellas desisten en su empeño y retiran la denuncia, volviendo con su agresor. Sobre todo, cuando se trata de violencia verbal y emocional que es por desgracia más difícil de demostrar.
Las trabajadoras sociales de las zonas rurales apuntan que las víctimas suelen esconder sus circunstancias personales. Suelen solicitar medidas y ayudas para sus hijos y son las asistentes las que tras muchas conversaciones logran encontrar el origen del problema. Es cierto que la mayoría de las CCAAs tiene establecidos protocolos de actuación casi de acción inmediata, pero todo ese proceso comienza tras la denuncia, que es el paso más difícil que debe dar una mujer.
Luchar contra la violencia machista es una tarea de todos y todas. Cierto es que las mujeres tenemos un nivel de sensibilización mayor, pero todos los estamentos sociales (Fuerzas y Cuerpos de la seguridad del Estado, jueces, fiscales y asistentes sociales) deben estar enfocados a solucionar un problema que paraliza a una mujer, la convierte en un ser vulnerable, manejable y atormentado. Unos hijos que crecen en un hogar destruido y que directa o indirectamente también son víctimas de un maltratador. Que una mujer viva en un pueblo, no significa que su maltrato sea menor, menos dañino, menos doloroso o menos importante.
La frase “le tengo miedo” desencadena un protocolo que obliga a cualquier policía a poner los medios para sacar a una mujer del infierno, hay que luchar desde todos los ámbitos para que ninguna tenga que volver a repetirla.
Por Belén Moreno @belentejuelas
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