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Alquiler de vientres en Argentina: cuando la explotación de las mujeres se disfraza de inclusión

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Una diputada que se autoproclama, muy orgullosamente, feminista, presenta un proyecto de ley para incorporar el alquiler de vientres al Código Civil y Comercial, con motivo de cumplirse diez años de la legalización del matrimonio homosexual. Esto es lo que pasó la semana pasada en Argentina, pero podría ser el cuadro de cualquier otra democracia comprometida en el discurso con la “igualdad” y la “diversidad”.

Los tiempos cambiaron, los años pasaron y la presencia de las mujeres en el plano de la vida pública ha aumentado como podría haber resultado inimaginable un siglo atrás. Mucho se habla de lo difícil y duro que debió haber sido ser mujer en el pasado; cuanto más atrás nos remontamos en el tiempo más pequeña parece ser la jaula que apresa al sexo femenino. Hoy, nos dice el imaginario popular, el feminismo se convirtió en un movimiento masivo y el machismo parece estar retrocediendo hasta en sus formas más básicas y cotidianas como ser las conversaciones, las bromas, los programas de televisión y los comportamientos de los hombres para con las mujeres en general.

La superficie nos encandila con sus colores de arcoiris: los partidos políticos se llenan la boca hablando de derechos, igualdad e inclusión, el partido oficialista jura hasta el hartazgo ser feminista, se abren ministerios de igualdad o diversidad, la publicidad nos insta a “empoderarnos”, las corporaciones se tiñen de orgullo. La exclusión de la vida política, el abandono de las mujeres y la complicidad activa de la sociedad civil con la reproducción de nuestra subordinación parecen haber desaparecido. La violencia patriarcal en sí misma parece haber desaparecido.

Pero la ilusión dura poco. Si removemos un poco la superficie, si prestamos atención a las prácticas que se están impulsando por debajo, o incluso abiertamente, disfrazadas de feministas y con la excusa de la diversidad, los derechos y el progresismo, veremos que las cosas son diferentes.

El lobby proxeneta internacional presiona por burlar la legislación de los países para legalizar la explotación sexual, de la mano de una estrategia discursiva consistente en convencernos a las mujeres de lo feminista que es ser mercantilizadas y deshumanizadas. El hombre que acaba de tratar de modo igualitario y con el debido respeto a sus compañeras de trabajo abandona la oficina para acudir a un prostíbulo donde rebajar a una mujer explotada y ponerla al servicio de su placer sexual a cambio de unas monedas. El chico que escucha atentamente a sus amigas como a cualquiera de sus pares llega a casa de la universidad e ingresa a un sitio de pornografía, dispuesto a obtener excitación sexual a fuerza de una toma misógina tras otra. Las imágenes de jóvenes semidesnudas esforzándose por encarnar un ideal hipersexualizado a cambio de una validación cuya esencia es masculina colman las redes sociales, cada vez más. Las parejas en buena situación económica que así lo requieran pueden acudir a una clínica donde una mujer pobre o muy altruista les hará de incubadora, renunciando a su derecho de filiación para que ellos vean saciado su capricho de dejar descendencia propia.

Todo esto sucede, y sucede más que nunca en la cumbre del neoliberalismo y la veneración de la “libertad de elección”. Y nos lleva a considerar una cosa: la violencia patriarcal no desapareció, ni mucho menos. La violencia sistemática contra las mujeres es la esencia práctica del sistema de poder patriarcal, se encuentra en su base y así continúa siendo, por mucho que reforme su imagen en la superficie.

La violencia patriarcal no desaparece. Se muda. Se desplaza hacia los sitios donde aún puede ser legitimada, donde aún puede reproducirse con el visto bueno de una población civil que en el mejor de los casos, incluso, la celebrará como feminista y progresista.

Como la diputada argentina Gabriela Estévez es muy feminista y progresista, asegura que su proyecto garantizará los derechos de todas las partes, especialmente de “las personas gestantes” (¿se referirá a las mujeres? ¿O a qué?) y que la finalidad del proyecto de ley es que “todas las personas puedan desarrollar su propio proyecto de vida y construir sus familias tal y como las han soñado en igualdad de oportunidades, sin importar estado civil, sexo, género, orientación sexual, identidad o expresión de género”. Tanta diversidad de categorías incluida para justificar la deshumanización de las mujeres. Como si no fuera más consecuente con los valores humanos, en cambio, agilizar los trámites de adopción (pero claro, adoptar un niño o niña no satisface los caprichos narcisistas de nadie), como si para garantizar la “igualdad de oportunidades” hubiera que naturalizar legal y socialmente la explotación reproductiva de las mujeres, como si los deseos individuales de un puñado de sujetos con suficiente poder adquisitivo fuesen derechos, como si éstos pesaran más -y al parecer lo hacen- que la dignidad humana de la mitad de la población mundial.

El patriarcado siempre ha consistido, fundamentalmente, en la explotación sexual y reproductiva de las mujeres. Aún puede legitimarse, cada vez más cruel y violentamente, en todas esas prácticas e instituciones que el neoliberalismo contribuye a impulsar (la industria pornográfica, la prostitución y el alquiler de vientres). La novedad de nuestra época es que, de repente, nuestros explotadores dicen ser feministas y venir a garantizar derechos.

 

Por Sol Tobia (@SolTobia )

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