En el año 2005 entra en vigor la ley contra la violencia de género en España.
El Gobierno Central destina partidas económicas para que desde los ayuntamientos se afronte la problemática que genera la violencia machista. Dichos recursos han ido disminuyendo desde el inicio de la crisis. Gracias al voluntariado, que los mismos ayuntamientos promueven, se logra que, de alguna manera, funcione la atención a víctimas de violencia de género. Aunque no es suficiente. ¿Siempre y de forma inequívoca se revierten los recursos económicos para quien están destinados?
Algunas mujeres que sufren o han padecido maltrato de la pareja, se ofrecen voluntarias para acompañar a víctimas de violencia de género. Dedican tiempo, recursos, esfuerzo, hasta dinero que no tienen. Son las que viven, en primera persona, la actuación de políticos, coordinadoras, funcionarios de la administración.
¿Qué hacer ante un testimonio real?
Una voluntaria explica a través de una carta:
“Llevo unos 10 años con mi pareja. Hace seis tomé conciencia del trato vejatorio y cruel que él ejerce sobre mí. Estoy en paro y no encuentro trabajo para poder salir, junto a mi hija, de esta situación.
Hace unos cinco años, después de dejar mis datos en el ayuntamiento, coordinadoras de la Concejalía de Igualdad me contactaron. Entré a formar parte de las voluntarias que acompañan a víctimas de violencia machista.
El departamento de las voluntarias continuó funcionando después del cambio de gobierno.
A coordinadoras, funcionarios, políticos y políticas, les gusta hacer fotos para destacar la enorme labor, tiempo y esfuerzo que desempeñamos las voluntarias. ¿Son conscientes, realmente, del titánico trabajo que hacemos?
Las ayudas económicas que el Gobierno Central destina a esta causa no parecen llegar nunca a quien las necesita. Las voluntarias, en ocasiones, tenemos que acompañar a las víctimas de violencia de género al hospital y no nos proporcionan ni el billete para el transporte. Eso dificulta mucho nuestra labor pues nuestra economía particular ya es muy complicada. Desde la Concejalía tienen conocimiento de la situación por la que pasamos muchas de las voluntarias: “violencia en el hogar, precarización y desempleo.”
Hay más problemas. El servicio de psicólogas y abogadas no siempre proporciona la confianza y apoyo que las víctimas necesitan. En muchas ocasiones se las pone en duda y los abogados dejan claro que sólo pueden asesorar y no llevar ningún caso. Esto genera en las víctimas más sensación de desamparo.
A las voluntarias se nos pide que hagamos trabajos que se alejan de la verdadera función para la que llegamos.
Entendemos el prestigio que da a coordinadores y políticos este tipo de departamentos. Por eso se nos anima a las voluntarias a trabajar en la misma línea. Nos dicen que llegará la ayuda económica que tanta falta hace. Se nos pide paciencia y silencio. Seguimos porque somos conscientes de que hay mujeres en peores situaciones y ¿cómo abandonarlas si ellas no son las culpables del mal funcionamiento y abuso de la administración? Seguimos estando muy precarizadas y la ayuda económica, que tanto necesitamos, no nos llega»
¿Cómo planteárselo al gobierno?
¿Por qué se les pide silencio y paciencia a las voluntarias? ¿Dónde acaban las ayudas económicas para este tipo de servicios? ¿Por qué no se les hace contratos por los servicios prestados?
Son mujeres que han sufrido y/o sufren violencia de género y comprueban cómo la administración las utiliza y su trabajo no es recompensado económicamente, a pesar, de la precariedad en la que se encuentran. Ven que los recursos no revierten en las víctimas y el trato que reciben, por personal de la propia administración, no es el más adecuado para la situación que les toca vivir.
¿Es una posible malversación de ayudas estatales? ¿Por qué se utiliza un problema de vulnerabilidad real para dar prestigio a cabezas visibles y promocionar a personas particulares por ser la imagen de partidos políticos? En lugar de solucionar, ahondar en la situación, agravan la problemática. No las tratan de forma adecuada y se aprovechan de las voluntarias que hacen todo el trabajo y más.
En la carta, también, expone que el voluntariado les ocupa tanto tiempo y energía que les resulta materialmente imposible encontrar momentos para buscar una ocupación remunerada que les ayude a salir de la precarización en la que se encuentran. Denuncia que les hacen trabajar, de forma gratuita, en obligaciones que corresponden a las regidoras y a políticos.
No es una historia única y todas tienen nombres y apellidos de mujeres. Ellas se implican a conciencia, a pesar de sus propias y complicadas situaciones. Prefieren mantenerse en el anonimato por las circunstancias y evitar que otras víctimas de violencia de género, por las que están allí, puedan salir más perjudicadas.
Para rematar, nos encontramos que espacios destinados para mujeres maltratadas se aprovechan para hacer actividades en las que ellas quedan totalmente excluidas. Se hace en fechas señaladas para hacer visible la violencia. Ejemplo: “En el CIDAM, Coslada”, los días 5, 12, 19 y 26 de noviembre se hacen actividades entre las que nos encontramos con charlas sobre “Ser Hombre hoy: Una problemática silenciada” ¿Por qué no se crean espacios específicos para ello y se respeta el de las víctimas? ¿No se logra comprender que es silenciada la problemática que ocasionan hombres que maltratan emocional/psicológica y físicamente a sus parejas? ¿Por qué se ha de anteponer actividades masculinas a mujeres maltratadas por varones?
Personas que están en administraciones públicas, partidos políticos, poder judicial, ¿comprenden qué y cuáles son las actitudes que determinan el maltrato? ¿Son conscientes que llegan a revictimizar a tantas mujeres maltratadas?
Por @dalila_sin
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