A día de hoy, 8 años después de que la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo haya entrado en vigor en nuestro país, sigue planeando la duda de que pasará con el aborto. Si dejará de ser un derecho o no en caso de que se produzcan determinados cambios políticos. No podemos olvidar que algunos partidos políticos tienen líderes que defienden abiertamente que la interrupción voluntaria del embarazo no puede ser un derecho.
Lo dicen alto y claro porque no se avergüenzan de considerarse pertenecientes a una casta superior que comulga en misa, pero si el desliz les regala un embarazo no deseado, pues se pagan el aborto, aquí en España, o en Londres, según se pueda. Para algunas pocas elegidas, por supuesto.
En este sentido, decía recientemente Andrea Levy, vicesecretaria de estudios y programas del PP, que le preocupaba que el aborto fuera un derecho. Quizá debamos aclararle a la señora Levy que el aborto como tal, no es en sí mismo un derecho. Lo que sí es un derecho es la autonomía y la salud reproductiva, y para que así sea, la interrupción voluntaria del embarazo se traduce en una intervención médica necesaria. Y es, precisamente, la aplicación de esta Ley de salud sexual y reproductiva la que ha favorecido que cada vez más, el número de interrupciones voluntarias del embarazo haya ido en descenso paulatinamente año tras año. Esto significa que el acceso a la información y a medios anticonceptivos está dando los resultados esperados.
No obstante, si finalmente una mujer opta por interrumpir voluntariamente su embarazo, no lo va a tener especialmente fácil ¿Por qué si está legislada y legalizada su práctica? Pues porque la normativa no consiguió hacer efectiva desde el principio, la medida de que los abortos se realizaran en centros de la sanidad pública en todas las comunidades autónomas por igual. La mayoría de las autonomías se escudaron en la objeción de conciencia para derivar a las mujeres a hospitales privados. Y dado que existe una red de centros médicos privados avalados y subvencionados por la sanidad pública que practican interrupciones voluntarias de embarazo, se ha encontrado de este modo el resquicio oportuno por el que abortar en España, en la mayoría de casos, es un derecho que sólo se pueden permitir aquellas mujeres que puedan desembolsar una media de unos 300 euros por la intervención.
Podemos hablar de algunas cuestiones concretas, como el caso de las mujeres madrileñas, las que han de esperar una media de unos 20 días para tener acceso a la intervención en un centro médico público y financiada al cien por cien. Ante esta situación, muchas optan por recurrir a centros privados o concertados, donde la financiación no es completa y han de aportar la cantidad anteriormente mencionada.
Sin embargo, las cuantías económicas también varían en función de las comunidades autónomas, pues los conciertos con los centros privados se han dejado al libre albedrío de los gobiernos de las diferentes regiones. De este modo se crean desigualdades importantes entre mujeres de unas y otras comunidades, como el caso de las mujeres gallegas que parten de una gran desventaja, frente a las mujeres asturianas, por poner un ejemplo. Pues en el caso de Galicia, la Xunta desde un principio manifestó tener un gran número de profesionales médicos objetores, por lo que dejaba en manos de la sanidad privada la mayoría de interrupciones voluntarias del embarazo y concertaba con estas la financiación de apenas un 20% del total de las intervenciones. En cambio, en Asturias, aunque la casi totalidad de abortos se sigue practicando en centros privados, la financiación de los mismos llega a un 97%.
Así pues, cada comunidad decide sobre financiación y conciertos, por lo que se ha llegado a una situación en la que, actualmente, la interrupción voluntaria del embarazo no es un recurso gratuito, accesible, seguro y equitativo para todas las mujeres de todo el territorio español. El mapa de acceso al aborto es diverso y desigual. Existen algunas comunidades en las que sólo son practicados en clínicas privadas, como es el caso, hasta hace poco, de las regiones de Murcia, Extremadura o Castilla La Mancha. Mientras que en otras, como en Cataluña, existen tanto centros privados como públicos.
Por ello, y tal como apuntaba ya en su estudio de 2008 sobre el Acceso al aborto en el Estado Español. Un mapa de inequidad, elaborado por el Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva y la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, la prestación del aborto debería ser incorporada como una prestación sanitaria más que se desarrollara en las unidades de ginecología y obstetricia de los hospitales públicos. Y aunque en dicho documento también se estimaba la opción de establecer conciertos públicos con clínicas privadas, lo cierto es que a la vista de los datos aportados, estos no están funcionando adecuadamente y su aplicación, diferente por comunidades autónomas, las cuales tienen delegadas las competencias en sanidad, está propiciando una situación de desigualdad en el acceso al derecho a la salud sexual y reproductiva a las mujeres españolas.
Por Lourdes Pastor @Lulespastor
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