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El lobby del proxenetismo: quiénes y por qué buscan reglamentar la prostitución

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El abolicionismo del sistema prostituyente persigue la puesta en práctica de un amplio conjunto de políticas públicas que combaten al proxenetismo y la trata de mujeres y niñas; desalientan la demanda apuntando a un cambio cultural, entendiendo que no habrá igualdad entre hombres y mujeres mientras los unos puedan disponer sexualmente de las otras; y rechaza todo tipo de penalización de las mujeres prostituidas al tiempo que genera oportunidades reales de empleo, vivienda, salud y educación para ellas. El objetivo de la política abolicionista es, por tanto, la restitución y garantía de los derechos humanos de las mujeres prostituidas. Las agrupaciones reglamentaristas, cubiertas tras su presunción de feminismo, reproducen acusaciones de persecución y prohibicionismo que nada tienen que ver con los fundamentos y la práctica abolicionistas y postulan, en cambio, la necesidad de otorgar “derechos laborales a las trabajadoras sexuales”.

Estos sectores pretenden legitimar la más antigua institución de acceso masculino irrestricto a los cuerpos de las mujeres como simple trabajo o intercambio comercial. Para ellos, el proxeneta es un jefe como cualquier otro y las mujeres explotadas deben ser inscriptas como sus empleadas. A cambio, una libreta sanitaria que garantiza un producto en buenas condiciones a los “clientes”, el pago de un tributo al Estado (imposible de costear por una mayoría de mujeres empobrecidas) y, por lo general, ninguna mención clara en sus proyectos sobre las garantías de integridad física y psicológica que a ellas les corresponden. Además, uno de los puntos principales de las propuestas de estas organizaciones consiste en la habilitación de los “establecimientos que brindan servicios sexuales” (prostíbulos). En tanto estos establecimientos no están puntualmente a cargo de las mujeres prostituidas, sino de los “administradores” (proxenetas) que se benefician económicamente de la prostitución de las mujeres explotadas en su recinto, esto no puede significar otra cosa que la legalización de la explotación sexual. ¿No dice el reglamentarismo defender la autodeterminación y la autonomía, la libre elección de las mujeres prostituidas? Entonces, ¿por qué avalar legalmente a quien las explota?

Para responder esto hay que prestar atención a un dato no menor: en los prostíbulos se generan miles y miles de pesos por día, resultantes de la explotación de las mujeres sometidas por los proxenetas y las redes de tráfico sexual. Además, los prostíbulos funcionan también como vehículos del narcotráfico, un macronegocio de dimensiones similares. El dinero recaudado financia campañas políticas, llega a componer el PBI de numerosos países y coloca a la explotación sexual entre los tres negocios criminales más redituables del mundo junto con el narcotráfico y la venta de armas.

En Argentina, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) -principal impulsora del discurso reglamentarista- se inscribe en un entramado internacional de organizaciones financistas y promotoras de la reglamentación.(1) Uno de los protagonistas de esta red internacional es la Open Society Foundations (OSF) del ya célebre multimillonario Soros, la cual “ha aportado once billones de dólares en los últimos treinta años para la despenalización de la prostitución y las drogas”, en palabras de nuestras compañeras de Razón y Revolución.(2)

En un artículo del año pasado (3), la periodista Sandra Díez explicaba que “Los beneficiarios de la OSF que defienden el discurso a favor de la de la prostitución están repartidos por todo el mundo, son organizaciones, asociaciones y también periodistas e investigadores que funcionan como un lobby que favorece el sistema prostitucional y se infiltra en (…) el propio feminismo, el movimiento LGTB y la lucha contra el sida.”

Ligada a la OSF, la Red Umbrella Found nació en 2012 y es una de las principales organizaciones que alrededor del mundo promueven el “trabajo sexual” identificándose con un paraguas rojo. Recibe dinero de la OSF y financia, a su vez, a otras entidades pro-proxenetismo como lo es AMMAR en Argentina. Otra vez, en palabras de Sandra Díez, “su principal objetivo es instalar la idea de que prostitución y trata no son lo mismo y justificar y promover la idea de la prostitución como trabajo, sin apenas dedicar atención a los datos que no refuerzan su ideario. Aquí nos encontramos con el denominador común de estas organizaciones (…): ignorar los datos sobre la explotación sexual en el mundo. En uno de sus documentos ofrecen medidas para luchar contra la trata. Ninguna incluye, por supuesto, la condena de los “empresarios” y los prostituidores”.

La Red Umbrella Fund recibe además financiamiento de la Levi Strauss Foundation, presuntamente preocupada por los DDHH y la prevención del SIDA, y la American Jewish World Service, organización sionista norteamericana, supuestamente también preocupada por la salud sexual y los derechos humanos.(4)

Mama Cash es otra de las organizaciones que colabora con la Red Umbrella Fund y también otorga financiamiento a AMMAR. Fue fundada en Holanda con “el objetivo de defender los derechos de las mujeres y niñas”. Fueron Mama Cash y la OSF los organismos que dieron nacimiento a la Red Umbrella Fund en 2012. Curiosa defensa de los derechos humanos la que practican, que han llegado incluso a publicar artículos pidiendo la descriminalización de los varones prostituyentes, aquellos que pagan por disponer de las mujeres a su antojo.

Las cosas se tornan aún más insólitas cuando descubrimos que también la UNAIDS (United Nations Against AIDS), la UNDP (United Nations Development Program) y la OMS mostraron empujar en el sentido de la legalización del proxenetismo; o cuando vemos que la generosa OSF también provee de interesantes cantidades de dinero a las principales organizaciones de derechos humanos en el mundo: Amnistía Internacional y Human Rights Watch (5). Siendo así, podemos comprender los motivos que han llevado a ambos organismos a posicionarse a favor de despenalizar a “todas las partes implicadas” en la prostitución, a los “empresarios” o “intermediarios”, eufemismos que ya conocemos muy bien y que designan nada menos que a los proxenetas.

Otra de las destacadas del lobby proxeneta internacional es la Global Network of Sex Work Project (NSWP). Tiene sede en Edimburgo y también ella está relacionada directamente con la aparición de la Red Umbrella Fund. Esta organización que bajo la defensa del “trabajo sexual” promueve, como todas, la descriminalización del proxenetismo, presenta un caso especialmente interesante. Su vicepresidenta, Alejandra Gil Cuervo, fue condenada a quince años de prisión en México por delitos de trata de personas con fines de explotación sexual (6). Sin ir más lejos, la delegación de AMMAR en la provincia de Córdoba funciona como una de las filiales internacionales de la NSWP. (7)

En el marco del proyecto de la Red Umbrella Fund (8) se ha dado origen a la Red TraSex (Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe), de la que AMMAR también forma parte y que también recibe financiamiento de Mama Cash.

Si echamos una mirada a las propuestas y los principios de estas organizaciones, veremos qué es lo que realmente proponen; qué se oculta detrás de la promoción de esta reglamentación legal de la prostitución de las mujeres, y de la presunta preocupación de estos multimillonarios por nuestros derechos humanos, por la salud sexual y la lucha contra el sida. Los grupos que financian a AMMAR pujan, en realidad, por la legalización del proxenetismo, lo cual puede observarse simplemente echando una mirada a sus declaraciones de principios.

Un ejemplo breve: en su portal (9), la ya mencionada NSWP, uno de los principales financistas del reglamentarismo en la Argentina y en el mundo, establece que todas las organizaciones a ellos vinculadas adhieren a tres valores fundamentales: la “aceptación del trabajo sexual como trabajo”, el apoyo a “la autodeterminación y la autoorganización de las trabajadoras sexuales” (curiosa autodeterminación aquella que nos convierte en mercancías a ser consumidas por los hombres y explotadas al servicio del capital internacional) y, por último, “la oposición a todas las formas de criminalización y otros tipos de opresión legal hacia el trabajo sexual” y, entre paréntesis, “incluyendo trabajadoras sexuales, clientes y terceras partes”.

Por suerte tuvieron la consideración de colocar, junto a “terceras partes”, un asterisco que lleva a un apartado pequeñito en el margen inferior de la página, donde se aclara: “el término terceras partes incluye ‘managers’, ‘brothel keepers’ (dueños de prostíbulos), recepcionistas, choferes [encargados de transportar y facilitar la prostitución ajena], ‘landlords’ [aquellos que rentan los espacios donde sucede la prostitución], y cualquiera que sea visto como facilitador del trabajo sexual”.

Todas estas personas se enriquecen a costa de las mujeres prostituidas (es decir, son explotadores sexuales) y son los nodos mismos que conforman las redes de tráfico y explotación sexual: lo que defiende la NSWP (tanto como Mama Cash, la Red Umbrella Fund, la OSF y las por ellos financiadas AMMAR y Red TraSex) es la descriminalización de estas “terceras partes”, lo cual no es más que un eufemismo para designar a los explotadores sexuales. Los dueños de los prostíbulos, los choferes, los rentistas, y cualquiera que “facilite el trabajo sexual” son figuras que se benefician económicamente de la prostitución ajena. En síntesis, a quienes se pretende descriminalizar es a las personas que se enriquecen a costa de la trata de personas y la explotación sexual de mujeres y niñas.

Con esto cae, junto con el cuento de la defensa de la autodeterminación, el ideal de la prostitución autónoma e independiente. ¿De qué le serviría al capital financiero internacional que una porción de mujeres que presuntamente “ejerce la prostitución” sin depender de nadie en los sitios más recónditos del mundo recibiera reconocimiento estatal? ¿Desde cuándo los grupos de poder económico se preocupan tan desinteresadamente por los derechos de las mujeres?  El lobby defiende lisa y llanamente la descriminalización del proxenetismo, porque solo el proxenetismo y la explotación generan ganancias millonarias capaces de colocar a la prostitución como uno de los tres negocios criminales más lucrativos del mundo.

Todo esto está muy lejos de la imagen por ellos creada y vendida de la “trabajadora sexual” que no rinde cuentas a nadie y ejerce su “libertad individual”. Las “terceras partes” son hombres que se enriquecen, y mucho, a costa de las mujeres prostituidas. Representan la situación diametralmente contraria a la autonomía y la autodeterminación; representan, puntualmente el proxenetismo y la explotación. Pero, por supuesto, no podían decírnoslo tan abiertamente. Es más efectivo, más inteligente y estratégico convencernos de que lo que en verdad hacen es defender nuestros derechos, de que lo único que les preocupa es la autodeterminación de las mujeres y su acceso a la seguridad social. Pero resulta que, como siempre, detrás de la retórica de la libertad individual se halla la explotación humana (y, mayoritariamente, la explotación de las mujeres).

El patriarcado se sostiene con la apropiación de los cuerpos de las mujeres y sus capacidades reproductivas. Cosificadas y mercantilizadas sostenemos el orden vigente, la rueda sigue girando sobre nuestra sangre. Sobre la explotación de nuestras hermanas, sobre la salud mental, sobre las heridas físicas y psíquicas irreversibles que se producen sobre nosotras se funda esta actualidad patriarcal-capitalista que viene disfrazada de empoderamiento y defensa de los derechos humanos.

 

Por Pibas por la abolición

 

  1. http://www.ammar.org.ar/IMG/pdf/cv_ammar_english.pdf en la página 6 de la carpeta institucional de AMMAR figura la siguiente información: «¿Quiénes nos apoyan? Diversas entidades, nacionales e internacionales. Hemos ejecutado exitosamente proyectos de fortalecimiento, capacitación y prevención en colaboración o con el apoyo de: Fundación Paz y Solidaridad de CCOO – Ayuntamiento de Burgos España; Global Fund for Women; Paraguas Rojo [Red Umbrella Fund]; Mama Cash; Fondo de Acciones Urgentes para Mujeres de América Latina; Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria; Universidad de Buenos Aires; Embajada de Australia; Embajada de Holanda; AWID; Ministerio de Salud provincial y nacional; Instituto Nacional Contra la Discriminación; UNPFA; ONU SIDA; Fundación Levy Strauss; Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires; Fundación Friedrich Ebert, entre otros.»
  2. https://razonyrevolucion.org/las-voces-expropiadas-ammar-y-el-lobby-proxeneta/#_ftnref5
  3. https://tribunafeminista.elplural.com/2019/04/quien-esta-detras-del-discurso-para-regular-la-prostitucion/
  4. https://www.redumbrellafund.org/about-us/donors/
  5. http://archive.boston.com/news/nation/articles/2010/09/07/george_soros_gives_100m_to_human_rights_watch/

https://geopolitics.co/2016/06/19/soros-funded-amnesty-international-interferes-on-dutertes-decisive-drug-campaign/

Sandra Díez, en su mencionado artículo, presenta imágenes con los datos de la cantidad de dinero recibida por ambas organizaciones por parte de la OSF (https://tribunafeminista.elplural.com/2019/04/quien-esta-detras-del-discurso-para-regular-la-prostitucion/)

  1. https://www.animalpolitico.com/2015/03/dan-15-anos-de-prision-a-mujer-que-controlaba-trata-de-personas-en-sullivan-y-la-merced/
  2. https://www.nswp.org/members/asociacion-civil-ammar-cordoba
  3. https://www.redumbrellafund.org/sex-worker-networks/
  4. http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Sex%20Work%20&%20The%20Law.pdf

 

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