El que uno de los temas recurrentes para la prensa en este confinamiento sea la prostitución es algo muy curioso y muy inquietante. Curioso porque el sistema prostituyente sólo es noticia, la mayoría de las veces, para auto blanquearse y hacerse campañas de publicidad. Y es muy inquietante porque ese objetivo se sigue cumpliendo ahora, en plena emergencia sanitaria y ante la mayor crisis social y económica que todas las personas vivas sobre el planeta vamos a conocer y sufrir.
Sin embargo, estos días, el objetivo es el mismo pero el mensaje es diferente.
A ninguna se le habrá escapado que estamos, desde hace días, asistiendo a un carrusel de recolectas y crowdfundings en auxilio, supuestamente, de las mujeres prostituidas. Unas promovidas por ONGs y otras directamente por los “no sindicatos” de la prostitución, que todas conocemos muy quién hay detrás y que intereses defienden. Y salen en la prensa cada día.
Ante la situación de extrema necesidad es normal que, la gente de buen corazón y nosotras lo somos, se quiera ayudar a esas mujeres y niñas, y más ahora que también nosotras nos sentimos en situación vulnerable. Eso nos hace aún más empáticas si cabe con ese sufrimiento tan cercano y conocido.
Sin embargo, hay que saber ser muy cautas, sobre todo las feministas, que sabemos perfectamente como rige el sistema prostituyente, formado por proxeneta y putero, en la vida de las mujeres en prostitución, para no acabar haciéndoles el juego precisamente a ellos.
De todas formas, acciones de respuesta inmediata que hagan determinadas organizaciones, con mayor o menor acierto en la ejecución, y con buena voluntad o no, no son las que van a arreglar el problema de esas mujeres que sólo se solucionará con la abolición del sistema prostituidor.
Y no son las organizaciones, ni la buena voluntad, ni los grandes corazones quienes tienen que solucionar este asunto. A quien debemos exigir en este momento acciones abolicionistas contundentes es a este gobierno, que no se cansa de autodenominarse feminista (al menos lo hacía hasta el pasado 8M) y a este ministerio de Igualdad que no nos ha dado ni un motivo para la esperanza desde que inició su andadura bajo la dirección de Irene Montero y su equipo.
Sin embargo, se siguen empeñando en tratar a la sociedad en general y a las mujeres y a las feministas en particular, como seres impávidos que no sabemos darnos cuenta de lo obvio.
Esta semana anuncian a bombo y platillo que las mujeres en prostitución se podrán acoger al Ingreso Mínimo Vital (caso que en algún momento llegue a existir), como si eso fuera una medida a favor de esas mujeres o como si eso tuviera algo de nuevo o revolucionario.
Si tenemos que hacer caso a lo que dicen, el Ingreso mínimo se va a dar a todas las personas que no tengan otra fuente de ingresos, pero en ningún momento se puso como requisito previo averiguar por qué o cuál era su ocupación habitual. Sin embargo, parece que esto no va a ser así para las mujeres prostituidas, o así lo han explicado, la cuales, no sólo van a tener que demostrar su situación de vulnerabilidad económica sino también su situación de prostitución. Sólo ellas. Otra vez el estigma. Otra vez la mentira.
Por tanto, estamos ante una perogrullada igual de escandalosa que cuando este ministerio quería vender como un avance de su ley de libertad sexual, el hecho de que las mujeres prostituidas pudieran denunciar la violencia sexual. Así de distorsionada tienen la realidad que no les llega para entender que las mujeres prostituidas siguen siendo personas con derechos también para denunciar una violación sin su proyectito de ley que espero, sinceramente, se haya perdido en un cajón del congreso para siempre jamás. El Código penal las ampara. Lo que no las ampara es este estado y este gobierno que se niega a hacer políticas abolicionistas de una vez por todas, para liberarlas del miedo, que es lo que realmente les impide denunciar y vivir.
Que las mujeres en prostitución accedan a un subsidio, el cual acabará en los bolsillos de los proxenetas para pagar sus “deudas” inexistentes, no es una política de justicia social, ni de derechos humanos (y muchísimo menos abolicionista), sino que es caridad de la más rancia y tan mal planteada que el dinero público servirá para mantener al lobby putero.
Las mujeres prostituidas necesitan otras cosas que, por otro lado, son las mismas que han necesitado siempre, con y sin pandemia.
Urge que el estado las rescate, las ponga bajo su tutela, regularice su situación administrativa, les asegure un proceso de reparación y recuperación como humanas, y las prepare para un mercado laboral, donde también se tendrá que preocupar de ofrecerles oportunidades de trabajo dignas. Es lo menos que les debe el Estado, tras haberlas tenido como esclavas sexuales bajo sus enormes y todo poderosas narices, tal y como comprobamos ahora, cada día, en las ruedas de prensa de los uniformes.
Por cierto, y hablando de estado policial recién instaurado, la otra cosa que se tiene que hacer es dejar de perseguir a personas que pasean el perro más de tres minutos y empezar a perseguir puteros que sabemos todas y todos que siguen consumiendo prostitución en estos momentos. Ni multas ni detenciones he oído por ese motivo en el “parte de guerra” diario.
El peligro de todo esto es, que aceptar como buena la caridad, puede hacer que quien la ofrezca caiga en la tentación de creer que ya lo tiene todo hecho, y que, quien la reciba, corra un riesgo aún más serio: volver a punto de partida en cuanto se entienda que esa caridad ya no es necesaria. En este caso, volver a los burdeles.
Debemos decir alto y claro que es el momento de que los prostíbulos no vuelvan a abrir sus puertas jamás, exigir que se destruya el sistema prostituyente y acabar de una vez por todas con la desigualdad y la miseria que conlleva la prostitución. No hay nada en este momento que impida que lo hagan. Los burdeles ya están cerrados. Sólo hay que garantizar su clausura permanente.
Pero para eso no necesitamos a estas nuevas señoritas jugando a las “Chicas de la Cruz Roja”, sino que lo que necesitamos son políticas valientes que sepan que la limosna gubernamental es lo contrario de libertad, igualdad y justicia social.
Por Núria González López (@nurygglez)
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