Naciones Unidas nació tras la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de mantener la paz y seguridad internacionales. Para ello dirige misiones de paz y ayuda humanitaria en las que se establecen medidas preventivas con el fin de garantizarla en determinado país o territorio, pudiendo incluso consistir en medidas coercitivas.
Para desplegar su trabajo cuenta con diversos organismos, entre ellos se encuentra la Organización Mundial de la Salud (OMS) que también se encarga de realizar actividades en terreno, como por ejemplo en la República Democrática del Congo durante la crisis del Ébola.
El ejemplo no es al azar pues, recientemente, hemos conocido a través de un informe de la Agencia The New Humanitarian y la Fundación Thomson Reuters que más de 50 mujeres han denunciado abusos y agresiones sexuales por parte de trabajadores de la OMS durante su estancia en el país entre los años 2018 a 2020.
Entre las conductas de abusos de los trabajadores sobres las mujeres, el testimonio de 51 de ellas revela prácticas como chantajes a cambio de trabajo, es decir, coaccionarlas para tener relaciones sexuales a cambio de un contrato. Ante la negación, el despido. Era normal que los abusos ocurrieran en habitaciones de hoteles que actuaban como centros de trabajo de las diversas organizaciones. Las mujeres que formaron parte de la investigación eran cocineras, trabajadoras de limpieza y comunitarias con contratos de corta duración. La dureza que reviste la situación es máxima cuando se abusa de una superviviente del Ébola que necesitaba apoyo psicológico. Al menos dos mujeres quedaron embarazadas.
Un testimonio revela que estas conductas deplorables son tan comunes como ir a comprar al supermercado.
Es la propia organización (OMS) la que define la violencia sexual como: “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.
Pero no solo es la OMS la única organización acusada. En el informe, las mujeres señalan a trabajadores del Ministerio de Salud del Congo, hombres que trabajaban para World Vision, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef; a la organización médica ALIMA e incluso a OXFAM.
Es habitual que las mujeres víctimas de estos abusos no sepan a quién acudir ni cómo actuar. ¿A quien pedir protección cuando quien trae la paz se dedica a arrebatársela a las mujeres? Es cierto que en los últimos años las denuncias de abusos han crecido puesto que se van poniendo en práctica programas y protocolos contra abusos sexuales y las mujeres están ganando confianza para dar el paso de la denuncia. Sin embargo, se demuestra la poca eficacia de los mismos cuando, lejos de parar, se siguen cometiendo abusos propios de los colonizadores.
Sin embargo, los abusos sexuales se remontan tiempo atrás convirtiéndose casi en una constante en el seno de este organismo que apenas tiene mecanismos para condenar a los responsables.
Así, uno de los escándalos más graves, que no sonado puesto que normalmente estos casos copan escasos o nulos minutos en tertulias políticas televisivas o medios de comunicación, fue el que tuvo lugar en Haití. Un estudio cifra en 2.000 las mujeres que denunciaron casos de explotación y abusos sexuales, 300 de ellas menores de edad, que los cascos azules realizaron en el país desde 2004 hasta 2017. Además, se habla de que existió una verdadera red de abuso infantil.
Los conocidos como “cascos azules”, por el color del casco que portan, son las Fuerzas de Paz de UN, cuerpos militares cuyo objetivo es mantener la paz en áreas de conflictos, brindando además asistencia a quienes lo precisan.
Además, directivos y responsables de la delegación OXFAM en su misión tras el terremoto de Haití aprovecharon para organizar orgias con prostitutas locales. Un informe interno filtrado por por The Times, reveló que el personal explotó sexualmente a numerosas mujeres en un escenario extremadamente desfavorecido para la población del país.
Nos encontramos ante delitos sexuales que en otro escenario podrían considerarse como crímenes de guerra o lesa humanidad si quienes los cometen no llevara un casco azul o pertenecieran a organizaciones dedicadas a asegurar la paz. Abusos donde se concentran las discriminaciones de sexo, clase y raza. Hombres abusando del poder y dominación que les otorga su uniforme y rango, sobre mujeres pobres y racializadas que atraviesan un conflicto, una enfermedad, con escasos recursos económicos y mecanismos para denunciar. Vivimos en un mundo donde a los misioneros de paz les falta humanidad y les sobra maldad.
Las consecuencias que dejan semejantes actos son de tal gravedad que alguien debe hacerse responsable, por ejemplo, de los niños y niñas que nacieron a causa de estas violaciones. El dinero que envía la ONU no es suficiente, ni implica que se haga justicia con las mujeres que presentan secuelas psicológicas tras los relatados hechos.
¿Quién condena a estos «hombres de paz»?
La ONU no puede realizar una investigación penal sobre los responsables acusados.
En el caso de que el trabajador acusado sea un civil, realiza una investigación administrativa y puede sancionarlo con el despido. Remitiendo además el caso a las autoridades nacionales para que procedan según consideren.
Si se trata de un militar, los responsables para enjuiciar son los Estados miembros que aportan a dicha persona.
En cifras podemos decir, que, de 1700 denuncias correspondientes a delitos cometidos en países como Camboya, República Democrática del Congo y Haití en los últimos 15 años, sólo 53 llegaron a condenas judiciales y prisión.
El hecho de que no exista un sistema de justicia interno en la ONU que la legitime para presentar cargos contra los diferentes trabajadores se traduce en la inacción en el momento en el que son acusados de haber cometido estos delitos.
Se necesita invertir dinero en protocolos de prevención y protección, programas de respuesta contra el acoso eficientes y conseguir que el cuerpo de paz sea una fuerza de seguridad en la que también las mujeres tengan cabida.
Naciones Unidas ha de revisar su sistema para prevenir estos delitos y sancionar con las responsabilidades penales correspondientes a quienes se sirven de su posición de poder para vejar a mujeres y niñas de cualquier parte del mundo.
Por Ana M (@anizmoreno_)
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