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Los tentáculos que atrapan a las menores tuteladas

Cuantos más datos conocemos del caso de las menores tuteladas en Mallorca más irregularidades se evidencian. El Gobierno balear –conformado por un tripartito entre PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca- ha optado por la táctica del silencio a la espera de los resultados de una investigación policial en curso. Sin embargo son varias las voces que se han alzado calificando los hechos de “negligencia absoluta”, explotación sexual extendida y abusos de larga trayectoria

 

En primer lugar establezcamos una cronología de los hechos que se han producido hasta la fecha:

24 de diciembre de 2019. Una niña de 13 años sufre una violación grupal por parte de un grupo de menores y un adulto en la ciudad de Palma de Mallorca. La niña se encuentra tutelada en un centro de acogida, el cual tramitan la denuncia por violación de la menor.

13 de enero de 2020. El Consell de Mallorca y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) reconocen 16 casos de explotación sexual infantil de menores tutelados, 15 niñas y un niño, sin embargo la Delegación de Gobierno niega que se trate de una red.

15 de enero. Trabajadores del centro de menores de Mallorca denuncian explotación sexual extendida sobre las niñas tuteladas. 

El caso levanta las primeras sospechas de un asunto más amplio y enraizado.

 

Días más tarde los medios se hacen eco de una información que se remonta a 2017 cuando la expresidenta del Parlamento balear, Xelo Huertas, denuncia las negligencias y la falta de recursos de los servicios sociales. El IMAS y los responsables políticos respondieron a la acusación con indignación y rechazaron una Propuesta No de Ley (PNL) para reformar el IMAS y encargar una auditoría externa de los últimos diez años. Es decir, hace tres años se alertó del escándalo de los menores tutelados sin que se hiciese nada al respecto. En aquel momento Huertas fue acusada de generar alarmismo y tratar de colocar en el foco mediático a los menores al cuestionar la calidad de los servicios del IMAS.

 

El 24 de enero el Govern se blinda y niega que el asunto pueda resolverse mediante dimisiones si no mediante una investigación e inspección de las administraciones implicadas sin embargo sabemos que la primera denuncia que se realizó en sede parlamentaria fue rechazada por las mismas agrupaciones políticas que hoy gobiernan en la Comunidad. Si aquella denuncia se hubiese tenido en cuenta quién sabe cuántos casos podrían haberse detectado y evitado, ¿no es este un motivo suficiente para asumir responsabilidades políticas?

Debido a casos que también implicaban abusos a menores tutelados desde 2016 el Govern balear ha despedido a cinco educadores de centros de internamiento de menores. Este hecho expone una doble violencia contra los menores: por parte de las redes de explotación sexual en la calle y por parte de algunos de los trabajadores que abusaron sexualmente en los centros. Esta violencia aumenta la situación de vulnerabilidad que ya atraviesan niñas/os y adolescentes tutelados.

 

Con el objetivo de denunciar esta violencia se ha pronunciado en medios de comunicación una de sus víctimas, Joana Molinas. Joana Molinas fue una niña tutelada en un centro de menores de Palma en los años 90 y relata cómo funciona la captación de estas menores para ser prostituidas además de los abusos que vivió en uno de los centros que la tuteló. Una violencia de la que también fue testigo de adulta al comprobar como niños en la misma situación son presa de pedófilos y de redes. Por este motivo Joana es una de las personas que ha impulsado ACCESI, Agrupación Ciudadana Contra la Explotación Sexual Infantil.

 

Joana Molinas // Fuente: eldiario.es

Lo cierto es que la realidad de Joana y la de muchas menores es una realidad que va en aumento. Los expertos señalan que esto se debe a la localización de España: punto de entrada por el Mediterráneo de la explotación sexual en Europa. 

Estamos ante una realidad innegable, creciente y que impacta contra las más vulnerables por lo que es urgente aplicar medidas radicales. No caben ambivalencias en la lucha contra el tráfico de seres humanos y la vulneración de los derechos sexuales de mujeres y niñas.


Por Natalia Garcia (
@delernaa )

 

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